Por: Angela Zago
12 Ago, 2021 - 12:55 pm
El 13 de agosto en México, un grupo de representantes del mundo político venezolano se reunirá con negociadores del crimen organizado que se mantiene en el poder en Venezuela para….¿buscar una salida “pacífica y democrática al caos que viven los venezolanos? O ¿se discutirán el protocolo de la Convención de Palermo y los planteamientos realizados a la Corte Penal Internacional?
Vivimos una situación grave, por la acción de la delincuencia organizada tanto regional como global, de allí que es oportuno recordar el contenido y alcance de la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional –Convención de Palermo-, suscrita en el año 2000 por la mayoría de los países miembros de la ONU, y ratificada en México en el año 2003.
En 1982 el narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín fue  “legalmente” electo a la Cámara de Representantes de Colombia y, así,  pudo sentarse al lado de políticos. Debió ser complicado desde el punto de vista moral, que un dirigente decente, trabajador, no corrupto ni mentiroso haya tenido que aceptar las intervenciones y propuestas planteadas por un criminal que, no sólo era sospechoso de traficar con drogas sino que, además, llevaba sobre su espalda asesinatos asociados a su labor dentro del crimen organizado.
Recuerdo ahora esa situación porque deseo entender los sentimientos y dudas que se les pueden presentar a los representantes del mundo político venezolano al reunirse con representantes del crimen organizado. Asumimos que, los actores del mundo político, son ciudadanos correctos, decentes, no corruptos y con planteamientos a favor de la sociedad… entonces:
 ¿Qué discutirán estos correctos ciudadanos sentados de tú a tú con representantes de carteles del narcotráfico?; quienes, además, han asesinado públicamente a jóvenes y viejos en las calles de nuestras ciudades. Han torturado hasta la muerte a civiles y militares y, para el año 2020, tenían presos a 386 ciudadanos –según lo recopilado y expresado por el director del Foro Penal, Alfredo Romero.
Un ciudadano decente que se deba sentar con un criminal a dialogar sólo puede llevar una propuesta: las condiciones para que el criminal se entregue sin producir más muertes… es algo así…como cuando un grupo de secuestradores toma una sede secuestran a quienes están en el sitio…asesinan a algunos de los secuestrados y se resisten a entregarse. Las autoridades policiales envían a unos negociadores de alto nivel para tratar de lograr el rescate del mayor número de víctimas posible y, por supuesto, la entrega de los criminales.
El 13 de este mes, en México, ocurrirá un evento con estas características: unos ciudadanos que presumimos honestos, con altos niveles de principios morales, que desean rescatar la democracia y a los millones de secuestrados, se sentarán frente a representantes de los criminales a discutir las condiciones necesarias para que los jefes fundamentales de la banda asentada en las oficinas del poder político venezolano, liberen a los millones de ciudadanos secuestrados, salgan de las oficinas de Miraflores y negocien su entrega con la condición de salir vivos.
La calificación de narcotraficantes no es una apreciación grosera ni despreciativa…es la apreciación obtenida por el traslado, la negociación y venta de drogas ilícitas no sólo dentro del territorio venezolano, sino extendido al territorio de la potencia mundial que representa el mundo occidental y democrático: Estados Unidos de Norteamérica.
 Esta calificación viene dada por el entonces Secretario de Justicia de EEUU, William Barr quien precisó que el señor “Maduro y varios de sus funcionarios de alto rango trafican toneladas de cocaína hacia el territorio estadounidense y de allí se sostiene la base de la acusación judicial”.
Dada esta situación, la justicia de EEUU ofreció 50 millones de dólares   por la cabeza del jefe de la banda que hoy tiene su sede en Miraflores y otros 10 de millones por Diosdado Cabello. Las recompensas ofrecidas desde EEUU por la captura de estos delincuentes y su banda, llegó hasta los 90 millones de dólares…. ofrecidas igualmente a quienes suministren información o datos que conduzcan al arresto de estos criminales…
¿Se discutirá en el encuentro del 13 de agosto en México, la figura del jefe de las armas, Vladimir Padrino López, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EEUU, del Departamento del Tesoro por su relación con los sancionados y denunciado ante La Haya por, haber “cometido crímenes de asesinato, tortura, encarcelamiento y ataque sistemático y generalizado contra la población venezolana”?.
¿Se discutirá la situación de Tareck El Aissami, quien está incluido en la lista de los hombres más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU –ICE- Además, está acusado de tener lazos con el grupo terrorista Hezbolá.
¿Se hablará de Hugo “El Pollo” Carvajal, quien en el 2014, el gobierno de EEUU solicitó su extradición por sus vínculos con el narcotráfico y apoyo al grupo terrorista colombiano, FARC?.
¿Será que el 13 de agosto se discutirá éste tema y quienes tienen la información y datos necesarios para la captura de los delincuentes informará lo debido?.
Porque de ¿qué otra cosa se puede tratar la reunión del 13 de agosto en México? país que el 25 de diciembre del 2003 ratificó el Protocolo de la Convención de Palermo, decisiones que, hasta el momento está suscrito por 190 países e incluye la persecución al lavado de dinero y tráfico de estupefacientes.
En el caso específico venezolano, no sólo abarcaría el narcotráfico y lavado de dinero, sino también la violencia generalizada y permanente contra la sociedad civil , lo que se considera crímenes de lesa humanidad.
Por lo visto, la discusión a realizarse en México, sí va con todas lo de la Ley se presentará muy intensa e interesante. Contamos con que los “chicos buenos” no se dejen embrollar por los representantes del crimen organizado venezolanos y tengan a manos los protocolos de la Convención de Palermo y los planteamientos de la Corte Penal Internacional.